El drama de alquilar en Rafaela
HacÃa referencia este diario la semana pasada a una de las problemáticas más agudas y en crecimiento, que padecen vecinos pertenecientes a varias franjas sociales de nuestra ciudad en particular y de la Argentina en general: el acceso a la vivienda propia.
La necesidad no se plasma solamente en estadÃsticas, como la que indica la existencia de casi 4.000 familias -con más de 10 años de residencia en la ciudad- anotadas en el registro que el municipio creó (RUIP) con la finalidad de que la gente pueda postularse para ser incluida en eventuales planes sociales de viviendas.
Es un tema candente y de frecuente tratamiento en todo tipo de conversaciones, y, como apuntara también CASTELLANOS. Sin dudas el otro “gran” déficit de Rafaela junto con el endeble servicio de agua potable.
También, en la referida anterior nota periodÃstica, compartÃamos con los lectores las principales raÃces de la situación: el excesivo valor de los terrenos, del metro cuadrado construido, y, sobre todo, en relación a los ingresos promedio de las clases trabajadoras, y la falta de alternativas de financiamiento.
Completando el cuadro, resulta notable desde hace un tiempo la ausencia del Estado en un aspecto clave para el desarrollo social: desde la nación, amén de no incentivar el crédito, lucen poco menos que abandonados los planes como el «Federal», y, encima, su implementación en muchos casos es moneda de cambio de favores polÃticos.
Es asà como desde la provincia se ha venido en todo este tiempo reclamando por el retaceo de fondos, pero tampoco se observa, al menos en Rafaela, desde la propia gestión provincial, demasiada proactividad al respecto. A tal punto llega la inacción que el propio gobernador Hermes Binner, en una reciente entrevista concedida al diario ClarÃn, admitió que la cuestión de la vivienda es el peor déficit de su gestión: “no le pudimos encontrar la vuelta”, admitió.
Como el jamón del sandwich
Fuera del contexto lógicamente los sectores más pudientes, y con los del otro extremo social, afectados en menor medida, con mejores contenciones mediante planes alternativos como Cáritas, de esfuerzo propio o de erradicación de villas, son los sectores medios los más castigados.
Ello fue asà reconocido como una demanda indiscutida por la clase polÃtica local, a tal punto que el tema de “los planes de vivienda para la clase media”, integró los discursos de la mayorÃa de los candidatos en las elecciones para intendente o concejales en la última década.
No obstante, no fue mucho lo que se avanzó: una interesante experiencia exitosa, gestionada entre el Instituto Municipal de la Vivienda y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, que permitió avanzar en la construcción de casas destinadas a familias jóvenes, compuestas por técnicos y mandos medios de firmas asociadas (en el barrio San José), pero que no ha mostrado la continuidad esperable.
La tan mentada “intervención” en el mercado de lotes impulsada desde el Concejo con la compra de lotes del IMV ha chocado con inconvenientes y limitaciones, externas y propias, que convirtieron la idea en apenas algo más que una buena intención.
Muchas de las familias inscriptas en el RUIP pertenecen a la más tÃpica clase “media-media”, universo con una instrucción secundaria como mÃnimo, con empleos semi-calificados o públicos, cuyos padres accedieron a la casa propia con bastante menor nivel de dificultades, y jamás hubiesen pensado tiempo atrás verse obligados a anotarse para ser beneficiarios de planes sociales.
En las nubes de los precios y los abusos
La locación de inmuebles, en toda época histórica ha sido uno de los más clásicos ejemplos, tanto en la faz jurÃdico-doctrinaria como en la praxis, de una posición dominante (la del dueño), y otra sometida o débil (la del inquilino).
Es por ello que tanto en el Código Civil como en legislaciones especÃficas posteriores el legislador ha puesto especial mirada sobre ellos, tendiendo a minimizar los niveles de inequidad.
Empero, de la mano de las variables apuntadas al comienzo, si bien el problema existe en otras ciudades, en Rafaela las condiciones de quien debe alquilar son cada vez más incómodas y hasta humillantes.
Comenzando por los precios: hoy no pude siquiera pensarse en conseguir una vivienda tipo por menos de 1.200/1500 pesos mensuales, más impuestos y servicios. Pero ése no es el único desembolso que debe hacer una familia para no quedar en la calle: en la mayorÃa de los casos debe abonar un mes por adelantado, pagar la comisión a la inmobiliaria (por lo general el valor de otro alquiler), correr con gastos administrativos y el 50 % del sellado del contrato.
Más penas, más gastos
No todo tampoco termina allÃ: cuando se ingresa a un nuevo “hogar”, la EPE cobra por la conexión, y ni que hablar si la familia comete la “osadÃa” de pretender otros servicios, como telefonÃa, televisión por cable o acceso a internet.
La lista sigue engrosándose si se tiene en cuenta el gasto y pérdida de tiempo en las búsquedas, y decididamente vuelven a ser apreciables en dinero, a veces considerablemente, al tener que contratarse, salvo que el inquilino conozca ciertos oficios, personas que acondicionen las instalaciones eléctricas, gasistas, plomeros, fumigadores, etc.
Si no se cuenta con un vehÃculo de gran porte propio, como en casi todos los casos, las mudanzas implican otro desembolso de dinero.
Por lo general, además, se debe entregar la unidad que se ha desalquilado totalmente pintada y con alguna posible averÃa reparada, exigencia que, en virtud de la posición prácticamente “mendigante” a la que se ve expuesta el inquilino, es en muchos casos desproporcionada en virtud del estado en cómo ha recibido la casa.
Lo expuesto, sin pretender haber incluido todos los gastos derivados de, por ejemplo tener que dejar de alquilar una vivienda para hacer lo propio con otra, son apenas un indicativo del cuantioso caudal de reservas que una familia debe contar aparte del pago del alquiler.
Empero, últimamente algunas inmobiliarias de Rafaela han retomado el cobro de un concepto tan vago como inentendible e injusto: el denominado “depósito en garantÃa”. Este “depósito en garantÃa”, que también alcanza el valor de un mes de alquiler, aclaran quienes lo exigen, es “devuelto”, al finalizar el vÃnculo contractual. Eso sÃ: sin ningún tipo de actualización por depreciación inflacionaria. Aunque se sabe que hay inquilinos incumplidores, en este caso los justos pagan igual que los pecadores. Y si el caso es al revés, es decir, si resulta que la casa tiene deficiencias ocultas que aparecen cuando el inquilino ya está viviendo, no hay ningún “fondo de garantÃa” que indemnice al inquilino.
Pero no todo es fácilmente cuantificable en dinero: el sentimiento de impotencia al ver como mensualmente buena parte de un salario ganado con esfuerzo se “esfuma” en el pago temporario de algo que no es propio sólo lo conoce quien lo ha padecido. O los traumas lógicos de toda mudanza, un mal comprobado por la ciencia médica.
Máxime cuando muchas veces -y sobre todo en las condiciones actuales- viene tristemente acompañado por tratos que no son los mejores por parte de dueños o empleados de inmobiliarias, quienes a su vez se quejan de que no siempre las propiedades son cuidadas por los inquilinos como corresponde.
En muchos casos, las averÃas que se producen en las viviendas no son atendidas por los dueños, y el inquilino debe optar por otro menoscabo a su calidad de vida o pagar de su bolsillo los arreglos.
Muestras y ejemplos los hay por doquier, pero sólo uno, en honor a la brevedad, expuesto por un lector de CASTELLANOS: “la dueña de una conocida inmobiliaria, después de varios meses de un problema tras otro por defectos en la casa, aún hoy no solucionados, me dijo muy suelta de cuerpo que si no estaba conforme rompÃamos el contrato. Una verdadera burla, después de todo lo que me costó trasladarme”.
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